La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), denunció al gobierno de los Estados Unidos por las escuchas y el escándalo del espionaje perpetrado por la NSA tras el requerimiento realizado a la compañía Verizon, de la que la ACLU es cliente. Se argumentó que este requerimiento violaba la cuarta enmienda a la privacidad y la primera enmienda a la libertad de expresión. No obstante, esta denuncia se ha desestimado por parte del juez, quien ha indicado que estas prácticas son totalmente constitucionales.
El fallo del juez ha tenido como base una sentencia emitida por el tribunal Supremo en los años setenta, el caso Smith vs. Maryland, identificado por las autoridades como una autorización para que el gobierno pueda recopilar todo tipo de datos, incluidos los que aún no habían sido desarrollados en el momento de la sentencia.
La ACLU ha anunciado su clara intención de apelar la sentencia, que consideran una mala interpretación de las leyes y un abuso del gobierno frente a las libertades de los ciudadanos y las asociaciones.
