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Expertos en seguridad protestan contra la NSA

 Cerca de una decena de expertos de seguridad informática que iban a participar en una conferencia la han abandonado para mostrar su disconformidad con el hecho de que el patrocinador del evento pueda haber recibido un pago de la NSA para introducir un algoritmo defectuoso en alguno de los productos de la empresa. 

 Tras el escándalo provocado por el “Caso Snowden”, la empresa RSA advirtió a sus clientes de la presencia de este algoritmo y de la necesidad de dejar de usarlo.


 Como consecuencia de estas filtraciones, los expertos han ido notificando que no formarán parte de los ponentes que participarán en la conferencia, por lo que se están buscando alternativas para llenar los huecos dejados por los expertos que han abandonado el acto como medida de protesta.


 Puedes ver la noticia completa en inglés en el siguiente enlace de The Washington Post.


 Esto es lo que se conoce acerca de los métodos de la NSA. ¿Todavía quedarán más secretos por desvelar?

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Un juez declara constitucional el espionaje de la NSA

 La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), denunció al gobierno de los Estados Unidos por las escuchas y el escándalo del espionaje perpetrado por la NSA tras el requerimiento realizado a la compañía Verizon, de la que la ACLU es cliente. Se argumentó que este requerimiento violaba la cuarta enmienda a la privacidad y la primera enmienda a la libertad de expresión. No obstante, esta denuncia se ha desestimado por parte del juez, quien ha indicado que estas prácticas son totalmente constitucionales.



 El fallo del juez ha tenido como base una sentencia emitida por el tribunal Supremo en los años setenta, el caso Smith vs. Maryland, identificado por las autoridades como una autorización para que el gobierno pueda recopilar todo tipo de datos, incluidos los que aún no habían sido desarrollados en el momento de la sentencia.


 La ACLU ha anunciado su clara intención de apelar la sentencia, que consideran una mala interpretación de las leyes y un abuso del gobierno frente a las libertades de los ciudadanos y las asociaciones.

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